Axel Kicillof invirtió 4.980.000.000 en Juguetes del dinero de los contribuyentes y nunca los entregó
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Casi $5.000 millones en juguetes: la millonaria licitación del gobierno de Kicillof que quedó bajo la lupa
La administración bonaerense impulsó una contratación por $4.935 millones para la adquisición de juguetes destinados a niños y niñas vulnerables. La operación generó cuestionamientos por el monto, los tiempos del proceso y los antecedentes de algunos proveedores.
Una nueva polémica se instaló alrededor de la administración de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque, impulsó una licitación pública para la adquisición de juguetes por un presupuesto oficial de $4.935.100.000, una cifra cercana a los $5.000 millones.
La contratación corresponde a la Licitación Pública N.º 9/2026, identificada con el expediente EX-2026-21481336-GDEBA-DSTAMDCGP y el proceso de compra 371-0645-LPU26. El objetivo formal del procedimiento es la “adquisición de juguetes”.
Una cifra que generó cuestionamientos
El monto destinado a la contratación llamó especialmente la atención en un contexto de fuertes restricciones presupuestarias y reclamos por parte de distintos sectores de la sociedad bonaerense.
Según publicaciones periodísticas que analizaron el expediente, la licitación contempla juguetes destinados a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, el proceso fue cuestionado por el volumen económico de la operación y por las demoras registradas en su tramitación.
Una investigación difundida en los últimos días señaló que la compra no habría llegado a concretarse en los tiempos previstos para las celebraciones del Día del Niño, pese a que ese era uno de los momentos señalados para la distribución de los productos.
¿Un gasto o una licitación?
Un punto que merece especial atención es que $4.935 millones corresponden al presupuesto oficial de la licitación, y no necesariamente significan que ese monto haya sido efectivamente pagado.
El procedimiento todavía debía atravesar las distintas etapas administrativas para determinar la adjudicación definitiva. Por eso, presentar la cifra como dinero ya gastado podría resultar impreciso.
Lo que sí está documentado es que el Gobierno bonaerense estableció ese monto como presupuesto oficial para la adquisición.
El antecedente de los juguetes y los cuestionamientos por los precios
La polémica no es completamente nueva. Durante 2025, otra adquisición de juguetes impulsada por la administración bonaerense había sido cuestionada por publicaciones periodísticas que hablaban de posibles diferencias entre los valores incluidos en la contratación pública y los precios observados en el mercado minorista.
En aquella oportunidad, el presupuesto informado rondaba los $5.155 millones.
Estos antecedentes volvieron a poner el foco sobre la forma en que la Provincia realiza este tipo de compras y sobre la necesidad de conocer con precisión qué productos se adquieren, en qué cantidades, a qué precios unitarios y quiénes resultan finalmente adjudicatarios.
Una empresa que vuelve a aparecer
Otro de los elementos que generó interrogantes es la participación de Il Tedesco SA, una empresa que, según investigaciones periodísticas, ha mantenido vínculos comerciales con organismos del Estado bonaerense a lo largo de los años.
De acuerdo con publicaciones que analizaron el expediente, la compañía aparece entre los oferentes de la actual contratación. La misma firma había participado anteriormente en adquisiciones provinciales de distintos tipos de bienes, incluyendo pecheras, alimentos y productos de limpieza.
La presencia de la empresa no implica por sí misma una irregularidad: la participación en una licitación pública no demuestra la existencia de un delito ni de sobreprecios. Sin embargo, sus antecedentes forman parte de los elementos que distintos sectores utilizan para reclamar mayores controles sobre la contratación.
Transparencia y control
La discusión de fondo excede el debate político entre oficialismo y oposición. Cuando una administración pública compromete recursos por miles de millones de pesos, resulta fundamental que la sociedad pueda conocer qué se compra, cuánto se paga, quién vende, qué cantidades se adquieren y cuándo se entregan los bienes.
También resulta relevante distinguir entre una denuncia periodística, un cuestionamiento político y una irregularidad comprobada. Hasta que no exista una resolución administrativa o judicial que determine lo contrario, las acusaciones de sobreprecios o irregularidades deben ser consideradas como tales.
La licitación de casi $5.000 millones vuelve a colocar bajo la lupa el sistema de compras del gobierno de Axel Kicillof y abre una pregunta inevitable: ¿los recursos destinados a esta contratación representan una política social eficiente y transparente, o existen aspectos del proceso que deberían ser explicados con mayor detalle por las autoridades bonaerenses?
La respuesta deberá surgir de la documentación completa del expediente, de la adjudicación definitiva y, fundamentalmente, de la rendición pública de cada peso utilizado.